11 Setiembre 2012

La geopolítica de la apertura del mercado eléctrico (II)

Gustavo J. Fuchs*

El proyecto titulado Ley de Contingencia Eléctrica impulsado por el partido de gobierno es definitivamente un texto que pretende modificar el modelo de Estado social de derecho en el que se inspiraron los arquitectos de la patria. Además, es un proyecto que pretende insertarnos en el amplio juego geopolítico que se desarrolla en América Latina, un subcontinente rico en reservas estratégicas de energía y recursos naturales.

Es evidente que lo estipulado en el proyecto de ley oficialista busca abrir parcialmente el mercado eléctrico nacional, e involucrar a la empresa privada dentro de un ámbito tan estratégico como el suministro de electricidad del país. Ello acarrea grandes retos, especialmente considerando que el país cuenta con una desastrosa historia de concesiones en sectores delicados como puertos, carreteras y aeropuertos.

Por otra parte, el proyecto destituye al ICE como ente rector de la electricidad a nivel nacional, y otorga la potestad de planificar la distribución energética nacional a un sector de energía (por crearse) dentro del MINAET (Artículo 2). Estamos hablando del mismo ministerio que se ha visto enlodado en concesiones viciadas y cuya alta politización se ha puesto en evidencia (por ejemplo el caso de Crucitas), dos factores que desvirtúan el desempeño técnico y el funcionamiento adecuado de un ente regulador.

Este cambio parece no ser casualidad. El proyecto de ley delega el Plan Nacional de Electricidad (PNE) no solo al criterio del nuevo “sector energía” del MINAET, sino también a las empresas (privadas y públicas) que participan en el mercado (artículo 4). Es evidente que la generación y distribución de energía debería ser regida por criterios meramente técnicos y de interés público; también a la hora de introducir actores con intereses comerciales dentro de la elaboración del PNE se abre el portillo a que consideraciones comerciales influyan en un documento altamente estratégico para el país. Nuevamente existen casos plenamente documentados que demuestran actos de corrupción por parte del MINAET en otros sectores donde se erige como ente rector.

Herencia del CAFTA-RD. La experiencia de la desregulación del mercado de telefonía – cuyo proceso de apertura y mecanismos son sumamente similares a los que se dieron en ese caso – hoy demuestra las consecuencias financieras devastadoras que acarrean ese tipo de procesos para el ICE, y también la ineficiencia de los entes reguladores (en el caso de la telefonía la SUTEL y ARESEP), cuyo accionar dista mucho del espíritu en el cual fueron creados.

Los procesos de privatización y apertura del sector público ya han sido numerosos, y se tiene suficiente información en torno a los problemas que el país ha enfrentado como consecuencia de lanzarse a “las reglas del mercado”. En el caso de la apertura eléctrica la receta sigue siendo más de lo mismo: apertura al garete sin ninguna previsión más que maximizar los beneficios de las empresas.

El CAFTA-RD no puede quedar exento de la discusión en torno a la nueva ley estrella del Ejecutivo; la eliminación de los subsidios al agua y el aumento en las tarifas eléctricas para financiar al cuerpo nacional de bomberos son muestras del peso que debe cargar el ciudadano costarricense por las aventuras librecambistas de la clase gobernante de nuestro país. Un futuro similar es previsible de aprobarse la Ley de Contingencia Eléctrica, cuya entrada en vigencia abriría parcialmente el mercado eléctrico y con ello la puesta en práctica de los principios estipulados por el CAFTA-RD.

Está demás retomar lo que en su momento explicaba el diputado José María Villalta: “En ninguna parte del acuerdo se incorpora una definición del concepto de servicios, quedando totalmente abierta la determinación de las actividades que se entenderán como cubiertas [por el tratado]” (en Aguilar Sánchez, 2004). Así mismo Villalta recuerda el artículo 11.4.a.i del CAFTA-RD, donde queda plasmado el verdadero espíritu del CAFTA-RD: abrir cualquier monopolio en servicios y desregularlo.

Lejos de concentrar sus esfuerzos en proyectos de ley constructivos y consensuados que favorezcan al país y a nuestro pueblo, el gobierno elige continuar apoyando medidas que prometen polarizar aun más su relación con las diferentes organizaciones y partidos políticos de oposición. Al parecer la administración Chinchilla, enfrentada a una pésima imagen frente al pueblo costarricense, ha decidido optar por continuar en la vía contraria al clamor popular.

*Relacionista internacional.