31 Octubre 2012
Pablo Barahona Kruger
Abogado constitucionalista
Primero, un grupo de diputados bien apuntados cuestionó que la apertura del mercado de telefonía móvil se ligara a la devolución de espectro radioeléctrico explotado por el ICE. ¿Por qué no reordenar todo el radioespectro tocando primero a los privados que pagan una ridiculez al Estado por su derecho de explotación y, como es natural, no reportan ninguna utilidad pública?
Pero pocas voces apoyaron en aquel momento a esos legisladores, secundados por uno de los sindicatos más serios del país, compuesto por ingenieros y profesionales del ICE. Muy pocos se interesaron y casi ningún magistrado se atrevió a acoger su acción.
En aquel momento, los directivos del ICE, entregados a su línea de partido y teniendo muy claro el principio evolutivo de la autoconservación, que en política equivale a ponerse bisagra en la espalda, se rindieron ante el Ejecutivo, que, administrado por los Arias, demandaba la devolución de una ancha porción del radioespectro que permitía dos jugadas calculadas: una activa y otra omisiva. La primera: redistribuir ese valiosísimo bien demanial mediante una concesión pública, entre Movistar y Claro. La segunda: no afectar, siquiera mínimamente, a ciertos conglomerados mediático-empresariales que, a fuerza de tiempo y poder, han terminado creyendo que ese bien del Estado que explotan es apropiable y hasta heredable. A su juicio, más que un derecho adquirido, se trata de un derecho intocable.
Y no se equivocan. En efecto, nadie se atreve a tocar las concesiones de radioespectro que benefician a privados. Tan es así, que son las únicas concesiones de un bien estatal sin término; entuerto impensable para la doctrina que sigue nuestro derecho público, equivalente, ya no en términos jurídicos sino políticos, a presumir la existencia de concesiones eternas, o cuando menos, de difícil o imposible recuperación para un Estado copado por una camarilla política tan empobrecida éticamente y deslegitimada políticamente, que no tiene reservas sociales para pagar el precio de tan valiente y necesario ordenamiento, de ese recurso natural, uno de los más caros y estratégicos de este tiempo.
Ahora, cuando parecía ya archivado el antecedente aquel, los mismos agentes entreguistas retoman con angurria su senda y se lanzan al ruedo exigiendo nuevamente al ICE, la devolución de una porción adicional de radioespectro.
Haber permitido ese primer expolio hace apenas un par de años, envalentonó a los mismos de siempre, para este segundo intento.
Hoy al ICE, la Sutel le exige más devolución sin considerar sus proyecciones como operador dominante ni reparar en que tal vez sería mejor dejar eso quieto y buscar radioespectro ahí donde no hay capacidad de cobertura nacional como manda la ley, o allá donde la frecuencia ni siquiera se usa o se usa solo intermitentemente.
En vez de eso, se atreve la Sutel a condicionar al ICE, sugiriéndole una exacción ilegal, para poder comprar una cablera que por fin le permita participar del lucrativo negocio del Triple Play.
Nada tiene que ver la compra de una compañía privada para aumentar el negocio, con una devolución de radioespectro. Nada, absolutamente nada. Tan nada que la Sutel ni siquiera se ha explicado ni ha rebatido el cuestionamiento que, quizá por primera vez en serio, amenaza su autoridad.
En pleno, la junta de la Sutel debería renunciar. Así debería demandarlo todo ciudadano que se precie de tal, independientemente de que la voz campante la recojan los sindicalistas o los académicos de izquierda o derecha. Da igual. Porque expolio es expolio, y si se dirige a una institución pública, mucho peor. Duele más, nos duele a todos.
A la Caja ya la quebraron. Ahora sigue el ICE. Y no se trata aquí de ideología, de “no” o “sí”, o de cualquier otro simplismo maniqueo que denota un reduccionismo tan extremo como absurdo. Es cuestión de sentido común, de honradez intelectual, de valentía cívica.
El primer expolio se concretó. Nadie, o casi nadie, dijo algo. El segundo, está por hilarse. ¿Adónde acabará el ICE? Atreverse a pensar que terminará en la misma unidad de cuidados intensivos en que se encuentra la Caja, no es tan atrevido que digamos después de todo. Los mismos pocos de siempre ganarían mucho si el ICE disminuyera su participación en el mercado de servicios imprescindibles en el que participa. Esos pocos ganarían, nadie más. A esos va el guiño y la reverencia de la Sutel; si no, ¿a quién más?
¿Hasta dónde? Hasta donde la paciencia ciudadana aguante y no se diga en voz alta: ¡Ya basta! ¡No más ICExpolio!
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